¿Y si no fué el crimen organizado? El asesinato del alcalde de Uruapan, una ejecución con demasiadas preguntas
Por Víctor Antonio Rodríguez Carrasco
El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Paredes, ocurrido en un lugar público, frente a la multitud y en presencia de agentes federales, ha dejado una huella profunda de indignación, furor y, sobre todo, sospecha. Las circunstancias en las que se desarrolló este crimen son tan inusuales que invitan no solo al duelo, sino a la reflexión crítica sobre lo que realmente ocurrió detrás de esta ejecución.
De acuerdo con testigos, el atacante era un joven de no más de 25 años, quien descargó seis disparos contra el alcalde antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad. Pero la pregunta es inevitable: ¿cómo pudo pensar este joven que saldría con vida de una acción tan suicida, rodeado de policías y en un evento público? Por sentido común, nadie asume un riesgo así sin algún tipo de promesa, apoyo o al menos la esperanza de impunidad. Algo no encaja.
¿Quién planeó realmente este atentado? Quien lo hizo, también calculó sus consecuencias. El impacto inmediato ha sido la indignación social, visible en las protestas y manifestaciones que recorren distintas partes del país. La narrativa oficial apunta hacia el crimen organizado, pero esa versión también tiene grietas. Los grupos criminales cuentan con una estructura que les permite eliminar enemigos sin provocar una reacción nacional ni atraer la mirada completa del Estado. Un acto tan público y escandaloso no parece propio de su lógica operativa: saben que desatarían la furia del gobierno federal y que los operativos de las fuerzas armadas se multiplicarían en su contra.
El presidente municipal asesinado, Carlos Manso Paredes, era incómodo, sí, pero no solo para los grupos criminales. También lo era para el poder político. Había criticado abiertamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la falta de apoyo a su municipio, y había enfrentado al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien incluso en ocasiones anteriores se burló públicamente de la estrategia de seguridad que el alcalde implementó para enfrentar al crimen organizado en su municipio.
Paradójicamente, el propio gobernador Ramírez Bedolla se presentó en el sepelio del alcalde, lo cual ha despertado dudas y desconfianza entre la población. Su presencia, lejos de ser vista como un gesto solidario, generó indignación: los pobladores lo abuchearon y terminaron por expulsarlo del lugar, considerándolo hipócrita por haberse burlado en el pasado de quien hoy era sepultado como víctima del mismo mal que él intentó combatir.
Resulta difícil pensar que el crimen organizado decidiera eliminar de forma tan visible a un presidente municipal que, si bien les incomodaba, no representaba un obstáculo mayúsculo para sus actividades. En cambio, su asesinato deja en una posición incómoda al gobierno federal, que ahora enfrenta la presión pública y la exigencia de resultados, mientras los grupos políticos locales reorganizan el tablero.
El acierto del responsable de seguridad nacional, Omar García Harfuch, al ordenar catear las casas de los escoltas del alcalde, revela la posibilidad de una traición interna. Si el alcalde estaba rodeado de elementos federales, ¿cómo pudo un joven armado acercarse tanto? ¿Hubo complicidad? ¿Hubo omisiones deliberadas?
La respuesta, como siempre, podría encontrarse en el beneficio político. ¿Quién ocupará ahora la presidencia municipal? ¿Qué líneas seguirá la nueva administración? Cuando eso quede claro, quizá también se revele quién tenía más que ganar con este asesinato.
Mientras tanto, el país observa, atónito, cómo un crimen que debió ser imposible de cometer se ejecutó con precisión quirúrgica ante los ojos del Estado. Y una vez más, la sensación de desamparo y desconfianza hacia las instituciones se profundiza.
La opinión, como siempre, es de usted.