Seguridad pública para privados, mientras crece la incertidumbre ciudadana en Tlaxcala
Declaraciones del titular de la SSC sobre convenios con particulares contrastan con hechos delictivos recientes en espacios públicos sensibles
La revelación de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene convenios con particulares para brindarles protección ha encendido cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, en un contexto donde la ciudadanía enfrenta creciente incertidumbre por hechos delictivos en espacios comunitarios.
Durante la rueda de prensa “Diálogos Circulares”, organizada por el Gobierno del Estado a través de la Coordinación de Comunicación Social, el secretario de Seguridad Ciudadana, capitán Alberto Perea Marrufo, confirmó que la dependencia a su cargo cuenta con convenios con particulares para la prestación de servicios de seguridad.
La declaración se dio en respuesta a un cuestionamiento realizado por este medio respecto a la presencia de elementos policiales desempeñando funciones ajenas a su labor sustantiva, particularmente en negocios privados como estacionamientos y establecimientos de venta de materiales para construcción.
Este señalamiento abre un debate de fondo: ¿hasta qué punto es legítimo destinar elementos de seguridad pública a la protección de intereses particulares, cuando amplios sectores de la población demandan mayor vigilancia y respuesta ante la incidencia delictiva?
El contexto resulta especialmente sensible. En fechas recientes, se han registrado hechos que han vulnerado la tranquilidad social en espacios considerados seguros por la comunidad. Uno de los casos más alarmantes ocurrió en la iglesia de San Lucas Cuauhtelulpan, donde sujetos armados irrumpieron durante un culto para asaltar y despojar a los asistentes.
Este tipo de hechos no solo evidencian fallas en la cobertura de seguridad, sino que profundizan la percepción de desprotección entre la ciudadanía, que observa cómo, mientras algunos sectores cuentan con resguardo institucional mediante convenios, otros enfrentan la violencia sin una respuesta eficaz.
Si bien la SSC no ha detallado públicamente los alcances, condiciones ni criterios bajo los cuales se celebran estos convenios, la opacidad en el manejo de estos esquemas alimenta la sospecha sobre una posible priorización de recursos hacia quienes pueden costear servicios adicionales.
En este contexto, resulta pertinente recordar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, y comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Además, señala que las instituciones de seguridad pública deben regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Bajo este marco constitucional, cualquier esquema que implique la asignación de elementos policiales a intereses privados debe ser transparente, regulado y, sobre todo, no comprometer la seguridad colectiva.
En este escenario, la discusión no solo gira en torno a la legalidad de los convenios, sino a la pertinencia ética y operativa de los mismos, en una entidad donde la ciudadanía exige mayor presencia policial en calles, colonias y espacios comunitarios.