¿Qué va a pasar con el campo mexicano?
Un país que come maíz pero deja morir a quienes lo siembran
Víctor Rodríguez
La pregunta duele pero es necesaria: ¿qué va a pasar con el campo mexicano cuando ya casi nadie quiera sembrar la tierra? En los últimos años vemos un mismo paisaje que se repite: parcelas en venta, jóvenes que migran a la ciudad o a Estados Unidos, y grandes corporativos que compran tierras para producir a escala industrial, contratando –a veces como jornaleros– a los antiguos dueños de esas mismas tierras.
Detrás de esa fotografía hay tres procesos que se cruzan:
1. el abandono paulatino del campo por las familias campesinas,
2. la concentración corporativa de la producción y la comercialización de alimentos,
3. y unas políticas públicas y educativas que no le ofrecen futuro digno a quien decide dedicar su vida a la agricultura.
Cada vez menos manos en la tierra
La agricultura pesa cada vez menos en la economía formal, pero sigue sosteniendo al país desde abajo. Estudios legislativos han señalado que el sector agropecuario aporta alrededor del 3.7 % del PIB, pero todavía da trabajo aproximadamente al 13 % de la población ocupada, es decir, millones de agricultores y jornaleros que viven con bajos ingresos y alta precariedad. 
La ecuación es brutal:
• Mucho trabajo,
• Poco ingreso,
• Casi nada de seguridad social.
Ante ese panorama, no sorprende que los hijos de los campesinos ya no quieran seguir sembrando. Para un joven rural suele ser más “racional” buscar empleo en una maquila, en la construcción, en un call center o migrar, que insistir en un campo que no paga lo suficiente ni siquiera para recuperar los costos de producción.
El campo se corporativiza: vender la tierra, alquilar la fuerza de trabajo
En paralelo, el mercado de la tierra y de los alimentos se está reconfigurando a favor de grandes empresas. Fondos de inversión, agroindustrias y corporativos alimentarios compran o arriendan grandes extensiones, integran toda la cadena (de la semilla al anaquel) y convierten al antiguo propietario en asalariado temporal.
El problema no es solo “quién produce”, sino quién decide el precio. Y ahí entramos al corazón de la dieta mexicana: el maíz.
¿Quién maneja el maíz y sus precios?
En México, el maíz no es un cultivo cualquiera: es base alimentaria, cultural y política. Pero hoy el mercado del maíz –sobre todo el que termina en harina para tortilla– está altamente concentrado.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) concluyó, de manera preliminar, que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado de la harina de maíz nixtamalizada que se vende a las tortillerías del país. La autoridad investigadora señaló a Gruma (Maseca) como la empresa dominante y propuso incluso que venda cinco de sus plantas y la flota de distribución asociada para intentar reactivar la competencia. 
En otro informe, se detalla que Gruma acapara entre 50 % y 90 % de las ventas de harina de maíz en distintas regiones del país, con precios en promedio casi 10 % más altos que los de sus competidores.  El propio análisis económico del mercado de harina de maíz habla de un oligopolio integrado por unas cuantas empresas: Gruma (Maseca), Minsa, Cargill, Bunge y alguna firma local, con Gruma como líder indiscutible. 
Mientras tanto, en las carreteras de México, los productores de maíz llevan semanas bloqueando casetas y autopistas para exigir precios justos. Campesinos y organizaciones acusan a las grandes harineras –Maseca, Minsa, Cargill– de pagar precios “injustos” por la tonelada de maíz blanco, al mismo tiempo que venden la harina a un valor muy superior. 
El gobierno, por su parte, ha intentado responder con acuerdos parciales: en el Bajío se negoció un aumento de 25 % y un subsidio de 950 pesos por tonelada de maíz blanco, pero solo para productores de ciertos estados y con límites de superficie.  Eso deja fuera a miles de campesinos en el resto del país, que siguen sin ver cubiertos sus costos reales de producción.
El resultado es un circuito perverso:
• Los campesinos venden barato, muchas veces por debajo de su costo.
• Las harineras y grandes comercializadoras concentran el poder de compra.
• El consumidor final paga una tortilla cuyo precio se mueve poco… pero el margen se reparte lejos de la milpa.
Centralización del mercado = capacidad de manipular precios
Cuando unas cuantas empresas concentran el acceso a la materia prima, la transformación industrial y la distribución, el mercado deja de ser “libre” y se vuelve controlable desde arriba. Eso no significa que haya una conspiración caricaturesca, pero sí capacidad real para fijar condiciones:
• Deciden a qué precio y en qué volumen compran a los productores.
• Pueden aguantar inventarios o importar maíz más barato del exterior.
• Tienen poder para trasladar o no los costos a la tortilla según su interés.
La propia Cofece ha advertido que la falta de competencia en la harina de maíz amenaza el bienestar de millones de consumidores, dado que la tortilla representa cerca del 6 % del gasto alimentario de los hogares y se consume a diario en casi todo el país. 
Si a eso sumamos que México sigue dependiendo de importaciones de maíz, especialmente amarillo, la ecuación se vuelve aún más vulnerable: cualquier choque externo, tipo de cambio o presión corporativa se traduce en un riesgo directo para la soberanía alimentaria.
¿Y la educación agrícola? Profesionistas formados para un campo que no les da de vivir
Otro tema de fondo que planteas es el de las políticas públicas para la educación agrícola. En las últimas décadas, México ha mantenido varias universidades y facultades de agronomía, veterinaria y ciencias agropecuarias. Sin embargo, la literatura académica reconoce que la educación agropecuaria superior enfrenta retos muy serios:
• Desconexión entre lo que se enseña en el aula y la realidad productiva en las comunidades.
• Poca vinculación con modelos de agricultura sustentable, de pequeña escala o comunitaria.
• Políticas educativas que priorizan la cobertura y la certificación, pero no garantizan rentabilidad ni inserción laboral digna para los egresados. 
En paralelo, el campo pierde peso relativo en el PIB y los programas de apoyo han sido recortados, reetiquetados o sustituidos con esquemas que muchas veces no alcanzan a los pequeños productores de manera estratégica. 
¿Qué pasa entonces con los jóvenes agrónomos, técnicos, ingenieros forestales?
Muchos terminan:
• Vendiendo insumos (fertilizantes, agroquímicos) para las mismas corporaciones que controlan la cadena.
• Emigrando a otros sectores porque el salario en el campo no compite.
• O, en el mejor de los casos, atrapados en proyectos temporales sin continuidad.
Si la ruta “profesional” del campo es precariedad, y la ruta campesina es pobreza e incertidumbre, el mensaje implícito para las nuevas generaciones es devastador: “del campo no se vive”.
¿Hacia dónde vamos?
Si todo sigue como hasta ahora, el pronóstico es claro:
• Más concentración corporativa en la producción y comercialización de alimentos.
• Más abandono de pequeñas parcelas y ejidos.
• Más dependencia de importaciones y de las decisiones de un puñado de empresas y gobiernos extranjeros.
• Menos jóvenes interesados en ser campesinos o profesionistas agrícolas.
El riesgo no es solo económico; es civilizatorio. México se construyó sobre el maíz, la milpa y las comunidades rurales. Si el campo se convierte solo en un negocio de pocas marcas y muchos jornaleros desechables, perdemos algo más que productividad: perdemos identidad, autonomía y futuro.
¿Qué habría que cambiar?
Un artículo de opinión no resuelve el problema, pero puede apuntar líneas de discusión:
1. Política de precios de verdad justa
• Precios de garantía que cubran costos reales de producción y otorguen una utilidad digna.
• Regulación firme y transparente sobre la concentración de mercado, no solo recomendaciones a Gruma o Minsa.
2. Fortalecer al pequeño productor, no sustituirlo
• Programas que apoyen organización de cooperativas, acceso a financiamiento, almacenamiento y comercialización directa.
• Incentivos para prácticas agroecológicas y diversificación de cultivos.
3. Reorientar la educación agrícola
• Facultades y tecnológicos agropecuarios conectados con proyectos reales en comunidades, no solo con la agroindustria.
• Formación en economía social, cooperativismo, valor agregado local, transformación de alimentos a pequeña escala.
• Políticas que midan el éxito no solo por número de egresados, sino por la rentabilidad y permanencia de esos egresados en el sector.
4. Soberanía alimentaria como eje de Estado
• El maíz, el frijol, el trigo, la leche y otros básicos deben ser tratados como bienes estratégicos, no solo como mercancías más en el mercado global.
En síntesis, lo que está en juego no es únicamente “qué va a pasar con el campo mexicano”, sino qué tipo de país queremos ser:
• Uno donde el maíz, la tierra y la tortilla estén en manos de unos cuantos logotipos,
• o uno donde producir alimentos siga siendo una forma digna de vida, posible para campesinos, técnicos y profesionales del sector.
Mientras las grandes corporaciones compran tierra y concentran el negocio, el país corre el riesgo de quedarse sin quienes saben leer el clima en las nubes, el suelo en las manos y el maíz en la milpa. Y sin ellos, aunque haya harina en las bodegas, nos faltará futuro en la mesa.
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