Cuando la opacidad eclipsa al discurso
Por Víctor Antonio Rodríguez Carrasco
La rueda de prensa denominada Diálogo Circular, organizada por la Coordinación de Comunicación del Gobierno del Estado de Tlaxcala, tenía como objetivo informar a la ciudadanía sobre los avances y acciones del Sistema Estatal DIF y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIST). En el papel, se trataba de una jornada de rendición de cuentas. En la práctica, terminó revelando algo más profundo y preocupante: la distancia entre el discurso institucional y la realidad que viven ciudadanos y trabajadores al interior de una dependencia clave para la salud pública.
La directora del DIF estatal cumplió con su papel al presentar programas sociales, entrega de apoyos y eventos para la niñez. Sin embargo, fue la intervención de la titular de la COEPRIST, la Dra. Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez, la que marcó el tono más delicado de la jornada. Su exposición se centró en anuncios para 2026, nuevas oficinas, certificaciones, operativos y una narrativa de combate a la corrupción. Paradójicamente, ese mismo discurso contrastó de manera directa con los señalamientos que pesan sobre su propia gestión.
En los últimos meses, han surgido denuncias ciudadanas y testimonios de trabajadores de la COEPRIST que describen un ambiente interno de presión, castigo y discrecionalidad. Entre los señalamientos más graves están los presuntos descuentos salariales permanentes de hasta el 50 por ciento aplicados de manera punitiva, así como cooperaciones “voluntarias” que, en los hechos, serían obligatorias para diversos eventos o actividades. Aunque la Dra. Jiménez Gutiérrez negó que existan cuotas forzadas, la existencia reiterada de estas quejas, expresadas en redes sociales y en redacciones de medios locales, pone esa versión en entredicho.
Pero la opacidad no se limita al interior de la dependencia. Hacia afuera, comerciantes de distintos municipios han denunciado multas que consideran exageradas y aplicadas de manera discrecional durante las verificaciones sanitarias. En este contexto, este medio cuestionó directamente a la titular sobre la existencia de un tabulador oficial y público que permita a cualquier negocio verificar si una multa corresponde realmente a la infracción cometida. La respuesta fue, por decirlo suavemente, evasiva: se limitó a señalar que “los costos están en la página de la Secretaría de Salud”, sin precisar rutas, documentos, ni mecanismos claros de consulta.
Ese tipo de respuestas no fortalece la confianza ciudadana; la erosiona. En un entorno donde la corrupción ha sido históricamente una herida abierta en las instituciones públicas, la transparencia no es un favor, es una obligación. Si existe un tabulador oficial, debería estar claramente accesible, desglosado y difundido. Si no lo está, entonces el terreno queda fértil para el abuso, la extorsión y el uso discrecional del poder.
La sensación que quedó flotando en la sala no fue la de una dependencia abierta al escrutinio, sino la de una oficina incómoda frente a las preguntas que importan. Hablar de grandes operativos, certificaciones ISO y estrategias futuras resulta atractivo en el discurso, pero no sustituye la necesidad de responder de manera directa a acusaciones concretas de corrupción y abuso de autoridad.
Aquí surge una pregunta de fondo: ¿es la COEPRIST una institución que está fortaleciendo al gobierno del estado o una que, por sus prácticas opacas, lo está debilitando? Cuando una dependencia encargada de proteger la salud pública se ve envuelta en señalamientos de castigos laborales, cuotas internas y multas sin claridad, el problema deja de ser administrativo y se vuelve político.
La gobernadora Lorena Cuéllar ha insistido en un gobierno de cero corrupción. Si esa consigna es real, entonces no basta con inaugurar oficinas con cámaras o anunciar operativos. Se necesita voluntad para revisar, auditar y, si es necesario, corregir a fondo. Porque cuando la opacidad se normaliza en una institución, no sólo se daña a sus trabajadores o a los comerciantes: se lastima la credibilidad de todo el gobierno.
Y esa, en tiempos de desconfianza social, es una factura que ningún estado debería estar dispuesto a pagar.