Gas bajo la tierra, sangre sobre ella: ¿por qué el fracking apunta justo a las zonas más castigadas por el crimen?
Gas bajo la tierra, sangre sobre ella: ¿por qué el fracking apunta justo a las zonas más castigadas por el crimen?
Víctor Rodríguez
Si se superpone un mapa de las reservas de gas y petróleo no convencional de México con un mapa de la violencia de los últimos quince años, la coincidencia es incómoda. Las mismas tierras del noreste donde hubo pueblos fantasma, desplazamientos y fosas son las que hoy el gobierno federal señala como la gran apuesta para recuperar la soberanía energética. La pregunta es inevitable: ¿es casualidad?
Dónde está el gas
Según datos de Pemex, México cuenta con 141.5 billones de pies cúbicos de gas en yacimientos no convencionales que requieren fracturación hidráulica, además de unos 83 billones en yacimientos convencionales. Las tres zonas con mayor potencial son la cuenca de Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; la cuenca de Burgos, en la misma región, y la de Tampico-Misantla, que abarca Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Burgos comparte la formación geológica del Eagle Ford de Texas, uno de los yacimientos más productivos del mundo.
Otras estimaciones son aún mayores. Datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, citados por Reuters, atribuyen a la Cuenca de Burgos cerca de dos tercios de los recursos de esquisto técnicamente recuperables del país, calculados en 545 billones de pies cúbicos de gas y 13,100 millones de barriles de petróleo y condensado. Las cifras varían según la fuente, pero todas coinciden en algo: la gran riqueza está en el noreste.
Dónde estuvo la violencia
Esa misma región vivió una de las guerras criminales más brutales del país. Desde 2010, los cárteles del Golfo y Los Zetas se disputaron Tamaulipas por las rutas del narcotráfico y el tráfico de personas, justo en la zona de Burgos. Ciudad Mier, en plena cuenca, se convirtió en un pueblo fantasma tras la huida de la mayoría de sus habitantes. En 2010, la producción de gas en pozos de Burgos cayó 20 por ciento por la inseguridad, según el entonces diputado Edgardo Melhem.
Lo que dice la academia
Aquí la discusión deja de ser especulación de sobremesa. Un estudio publicado en la revista Geopolítica(s) de la Universidad Complutense analizó el desplazamiento forzado en el noreste entre 2000 y 2020. Su principal hallazgo: los municipios más afectados por la violencia se ubican precisamente en la Cuenca de Burgos, la mayor reserva de gas de lutitas del país. Los autores sostienen que ese desplazamiento responde a una lógica de despojo, en la que la violencia criminal opera como medio para fines de índole geopolítica.
La investigadora Ruth Roux, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, va más lejos: según su análisis, la violencia responde a la lucha por el control de más de 100 mil kilómetros cuadrados de la Cuenca de Burgos, y se ha empleado para sacar a propietarios de tierras ricas en gas, carbón y agua.
Un estudio más reciente, publicado en 2025 por la revista Norteamérica del CISAN-UNAM, analizó 73 municipios con pozos en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Encontró una correlación entre la actividad hidrocarburífera y las tasas de homicidio, y un grupo de siete municipios con fuerte relación entre producción y actividad delictiva. Pero los propios autores advierten que no pudieron establecer una relación directa con el crimen en general, y que el trabajo es exploratorio.
Ese matiz es importante. Correlación no es causalidad. La violencia en el noreste también se explica por la frontera, las rutas de droga, la migración y la debilidad institucional. Lo honesto es decir que la coincidencia existe, que está documentada y que merece investigación seria, no que esté probada una conspiración.
El crimen ya vive del gas
Lo que sí está probado es que el crimen organizado aprendió a lucrar con los hidrocarburos. Especialistas señalan al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel del Noreste, que opera en Tamaulipas, detrás del robo de gas en ductos de Pemex. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP registró en 2020 un total de 23,323 tomas clandestinas de gas LP, con un valor de mercado de 30,168 millones de pesos, y ubicó las zonas de mayor influencia en estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Tamaulipas. El tema no nos es ajeno.
El giro de Sheinbaum
Durante el sexenio anterior, el fracking fue prácticamente un tabú. Pero el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex ya contemplaba iniciar estos yacimientos en 2026. En abril de este año, la presidenta anunció un proyecto para explotar gas mediante fracturación hidráulica a partir del próximo año, con el argumento de reducir la dependencia del gas importado de Estados Unidos. Reuters reportó que el gobierno evalúa proyectos piloto en Coahuila y Tamaulipas.
Hay que ser precisos sobre el estado actual. La propia presidenta ha subrayado que aún no se autoriza la explotación y que la etapa es de evaluación técnica. Lo más reciente es que avaló pruebas técnicas para determinar si existe agua salada profunda utilizable, como paso previo a un eventual fracking. Sin embargo, Pemex ya ha usado fractura hidráulica convencional: entre 2012 y 2026 se perforaron 1,095 pozos en Puebla y Veracruz con esta técnica, 18 de ellos en lo que va del actual gobierno.
El otro costo: el agua
A la sombra de la violencia hay otro riesgo. Un pozo no convencional puede requerir entre 9 y 29 millones de litros de agua. Según CartoCrítica, la demanda recaería en una región donde el 83 por ciento de la superficie ya vive estrés hídrico, y en Sabinas-Burro Picachos, todo el agua requerida estaría en zonas sin disponibilidad actual. La Alianza Mexicana contra el Fracking, con más de 40 organizaciones, calificó el cambio de postura como una traición a la promesa de campaña.
Las preguntas que el gobierno debe responder
No hay pruebas de que la presidenta haya decidido el fracking por la violencia en el norte, y sería irresponsable afirmarlo. La razón oficial, reducir la dependencia energética, es real y tiene peso. Pero la coincidencia geográfica obliga a hacer preguntas que nadie en el gobierno ha contestado:
¿Quiénes son hoy los dueños de las tierras desplazadas en la Cuenca de Burgos? ¿Cómo garantizará el Estado que los contratos, servicios, transporte de agua y arena no terminen bajo control o extorsión del crimen organizado? ¿Habrá consulta a las comunidades que regresaron, o que nunca pudieron regresar? ¿Y quién vigilará que el “fracking sustentable” no sea solo un nombre nuevo para un viejo despojo?
El gas que necesita México está bajo una tierra que ya pagó un precio altísimo. Si el país decide extraerlo, lo mínimo es que esta vez la riqueza no vuelva a llegar antes que la justicia.
